(El Economista)
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ultima estos días un convenio tipo para que las comunidades autónomas fomenten la mediación, según anunció ayer el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Álvaro Cuesta.
En el transcurso de su intervención en un acto celebrado con motivo del Día Europeo de la Mediación, organizado por las Instituciones para la Difusión de la Mediación (IDM), Cuesta explicó que se trata de que las Administraciones Autonómicas con competencias transferidas de Justicia se involucren en la elevación de la calidad de la mediación, en su formación, ayuda material y difusión.
Cuesta abogó por que la mediación intrajudicial pase a depender de la oficina judicial, mientras que el secretario técnico del Ministerio de Justicia, Julio Fuentes, apuntó la idea de que “si el juez considera que un asunto deba ir a la mediación, ésta debería ser obligatoria para las partes” y añadió que “esta medida sería mejor que masificar el procedimiento”.
En respuesta a esta última propuesta, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Rosario García, recordó que el Código de Deontología de la Abogacía de la Unión Europea (UE) plantea que uno de los deberes de los letrados es asesorar a sus clientes la opción por métodos alternativos a los litigios. Y añadió que “no nos vuelquen encima lo que no es propio del juez”.
La mediación está reconocida por la legislación española como una vía alternativa para liberar a los tribunales de casi medio millón de litigios al año y descongestionar la saturación de casos en España, como ponen de manifiesto los datos del Consejo General del Poder Judicial referidos al año 2013, cuando en España se ingresaron más de 1,6 millones de causas civiles o mercantiles.
Reducir los procesos
La utilización masiva de la mediación como proceso previo reduciría la entrada de casos en casi un 30 por ciento, según las estimaciones de IDM. El Estado podría ahorrar 1.500 millones de euros. Para establecer estos cálculos, la UE establece el coste medio de un juicio civil en 4.007 euros para cada una de las partes frente a los 320 euros en un proceso de Mediación.
Sin embargo, Enrique Arnaldo, Catedrático de Derecho Constitucional, reconoció que la realidad es que “en España hay más mediadores que mediados” y por ello, propuso que “la mediación debería estar incluida dentro de la oficina judicial. En 2013, de 9.800 asuntos derivados por los jueces a la mediación tan sólo se lograron 2.000 acuerdos.
IDM está constituida por la Cámara de Comercio de Madrid y los colegios profesionales madrileños de abogados, procuradores, notarios, gestores administrativos, graduados sociales, psicólogos, economistas y arquitectos.
