Nuevo artículo de Pedro Martín Molina en la revista Iuris&Lex que trata “la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal”. El fallo explica que la regularización se dirigió “a la totalidad de los contribuyentes afectados por los impuestos directos”. Este mecanismo “ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.

El Tribunal Constitucional, en Sentencia de 8 de junio de 2017, ha anulado la conocida amnistía fiscal promulgada por nuestro Ministro de Hacienda Cristobal Montoro. Enconcreto, anula la declaración tributaria especial prevista en la Disposición Adicional 1ª del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que permitía regularizar la situación tributaria de las personas físicas y jurídicas que no habían declarado a la Hacienda Pública todos sus ingresos. El Real Decreto-ley impugnado contemplaba la posibilidad de que los contribuyentes del IRPF y del impuesto de sociedades que no hubiesen declarado todas sus rentas, pudieran presentar una declaración para regularizar su situación.