(Cinco Días)
(Cinco Días)
La Comisión Europa ha aprobado hoy una Comunicación en la que intenta clarificar su interpretación del Pacto de Estabiliad y Crecimiento. La Comunicación no introduce cambios significativos en la aplicación de las normas fiscales de la UE y la nueva manga ancha se reserva para los países cuyo déficit se encuentra por debajo del límite del 3% del PIB.
“Exigiremos más ajustes fiscales en tiempos de bonanza y un esfuerzo más moderado en los períodos difíciles”, resumió el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovski, la enésima reinterpretación de las normas presupuestarias de la UE.
El tenor literal del documento, sin embargo, parece contradecir esa divisa porque se ofrece mayor flexibilidad a los países con mejor situación económica y se sigue restringiendo la capacidad de maniobra de los que atraviesan dificultades.
Los países que cumplan los límites de déficit (3%) y deuda (60%) podrán invocar las llamadas cláusulas “de reformas estructurales” y de “inversión”, que les permitirán ganar tiempo y margen en el proceso de consolidación fiscal si presentan un plan detallado de modernización económica o destinan fondos públicos a inversiones con verdadero valor añadido.
En cambio, Bruselas seguirá atando corto, al menos en teoría, a los países que rebasan los límites de déficit (como Francia o España). En estos casos, la cláusula de inversión no se podrá invocar. Y las reformas estructurales se seguirán tomando en cuenta como hasta ahora, es decir, para prolongar el plazo de ajuste, una circunstancia que ya le ha permitido a España obtener tres prórrogas y a Francia, dos. París desea una tercera, pero Berlín, vía Bruselas, exige a cambio que las reformas (en pensiones y salarios) se lleven a cabo a rajatabla.
El nuevo presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, había anunciado durante su proceso de investidura una reorientación de la política económica europea para frenar la caída de la inversión (15%) y estimular el crecimiento y el empleo.
Berlín da ejemplo
Pero la resistencia de Berlín, que acusa a Francia e Italia de buscar una salida de la crisis a base de gasto público, ha frustrado en gran parte las promesas de Juncker.
Hoy mismo, por si había alguna duda sobre la cotinuidad de las políticas seguidas hasta ahora, el Gobierno alemán anunció que en 2014, un año antes de lo previsto, ha logrado su primer equilibrio presupuestario desde 1969. Una hazaña que Berlín piensa repetir en 2015, desdeñando las llamadas de numerosas instancias inernacionales (Comisión Europea, FMI, OCDE) para que relaje su posición presupuestaria y compense con una política expansiva las restricciones de otros países del euro. A pesar de todo, la Comisión Europea confía en que la nueva Comunicación amplíe su margen de discrecionalidad para aplicar el Pacto de Estabilidad de manera menos procíclica que hasta ahora.
El documento incluso aclara que en los países más saneados el proceso de consolidación presupuestaria se suspenderá tan pronto como crezcan por debajo de su potencial.
Juncker intenta así refinar una norma fiscal que desde su creación en 1997 ha contribuido a agravar los períodos de recesión sin evitar el despilfarro en tiempos de bonanza. El nuevo presidente sigue así la estela de sus predecesores, que también intentaron adaptar el Pacto a las circunstancias económicas. Romano Prodi, presidente de la Comisión entre 1994 y 2004, llegó a calificarlo de “estúpido” solo unos meses antes de que los ministros de Economía, a instancias de Francia y Alemania, suspendieran su aplicación en 2003.
El sucesor de Prodi, José Manuel Barroso, lució en este terreno su volatilidad habitual. Primero, aguó el texto para satisfacer a París y Berlín. Después, tras la crisis lo endureció a base de Reglamentos, al gusto de Berlín, hasta convertirlo en un galimatías inaplicable que Juncker trata de desenredar.
Votos en el Fondo a cambio de dinero
La Comisión Europea aprobó hoy el proyecto de Reglamento del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, que canalizará el llamado plan Juncker que pretende movilizar 300.000 millones de euros a partir de una inversión de 16.000 millones de euros de la UE y 5.000 millones del BEI (Banco Europeo de Inversiones). Bruselas, consciente de que esa aportación pública no es suficiente, reclama la contribución de los Gobiernos nacionales. Y para ello les ofrece dos incentivos: un derecho de voto en la gestión del Fondo proporcional a su aportación, lo que facilitaría a las capitales captar parte de la inversión; y el compromiso de tratar con benevolencia esa aportación a la hora de evaluar el cumplimiento de los objetivos de déficit público. Bruselas recuerda que, de todos modos, al tratarse de un gasto excepcional no se tendría en cuenta para el examen.
