(El Economista)

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La banca ha dado la espalda a Martinsa. La inmobiliaria de Fernando Martín irá a liquidación después de ocho años luchando por sobrevivir, desde que en 2008 protagonizara el mayor concurso de acreedores de la historia. Ahora vuelve a marcar un hito, pues es con creces la mayor liquidación inmobiliaria de todos los tiempos en Europa, una vez se dicte el auto judicial, que se espera para los próximos días.

Según han confirmado fuentes del sector financiero a este periódico, los principales acreedores de la compañía no se han adherido al plan que propuso Martín el pasado mes de diciembre para modificar el convenio de acreedores inicial, que se firmó en 2011 y con el que superó el concurso.

El Popular, Abanca, La Sareb y CaixaBank, son los cuatro grandes acreedores, ya que juntos controlan el 55% de la deuda concursada, que asciende a unos 3.500 millones de euros. Pero quienes realmente tenían la última palabra, eran la Sareb (con el 21% del pasivo) y Caixabank (con el 16%), ya que el grupo necesitaba el respaldo del 75% de la masa acreedora, por lo que si una de las dos no apoyaba la propuesta la liquidación era inevitable.

Según fuentes cercanas a la inmobiliaria, la compañía sí que ha contado con el visto bueno de la banca extranjera, de las entidades minoristas y también de la mayoría de los pequeños acreedores que no son entidades financieras.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente, ya que las cuatro grandes no estaban dispuestas a asumir las elevadas quitas que propuso Martín, al considerar que su negocio, que arrastra una deuda total de unos 6.500 millones de euros, “no era viable”.

La posición de la banca siempre ha sido muy clara. Durante el último año y medio de intensas negociaciones las entidades han expresado en numerosas ocasiones que las propuestas que hacía Martín eran “inadmisibles”, ya que la inmobiliaria carecía de “un plan de negocio viable”. Precisamente por eso, y teniendo en cuenta que las entidades tienen provisionada la deuda, han considerado que la mejor opción era la de liquidar Martinsa, e intentar recuperar una parte del dinero con la venta de los activos. “Este será un proceso transparente, tutelado judicialmente y con garantías”, dicen las mismas fuentes

No convence a la banca
En su propuesta para reformar el convenio, Martinsa ofrecía a los bancos tomar hasta un 70% de su capital social mediante un determinado procedimiento y calendario de capitalización de deuda, y atender el 30% del pasivo mediante un canje de activos inmobiliarios, la mayoría, “improductivos”, según la banca.

“La mayor parte de estos activos eran suelos y terrenos mal situados, que necesitaban una inversión adicional importante para llevar a cabo un desarrollo”, explican.

La compañía resultante tendría unos activos valorados en 800 millones y una deuda concursada de 500 millones, sin embargo “él se quedaba con los mejores activos y a nosotros nos dejaba empresas sin ningún valor, o suelos por desarrollar en Rumania”. Las entidades se refieren a una filial en situación de concurso que tiene Martinsa en México, así como otra que está en Marruecos y cuyos beneficios no podían traerse a España.

Otro de los puntos de inflexión que pueden haber afectado a la decisión de la banca, es el fracaso del litigio que Martinsa había emprendido contra Manuel Jove por la compra de Fadesa en 2006. Ese fue precisamente el principio del fin de Fernando Martín, que en sus mejores momentos llegó a estar en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo.

El pasado mes, el Tribunal Supremo rechazó la reclamación de 1.500 millones que la compañía había planteado a los antiguos gestores de Fadesa. Esto ya supuso un duro golpe para Martín, que confiaba en ganar la batalla legal contra Jove y utilizar ese dinero para liquidar parte de su pasivo.

Sin embargo, la resolución llegó en el peor momento para el empresario y jugó en su contra, pues la banca consideró en su momento que esta decisión comprometía aún más la situación de la compañía, que además tendrá que asumir las costas del proceso judicial, que ascienden a unos 50 millones.

Ahora, el juez tendrá que designar a un administrador que liquide Martinsa. Además se tendrán que valorar los activos y diseñar un plan de ventas para que los acreedores recuperen el dinero.

Modificaciones legislativas a su medida
Martinsa irá a liquidación, pero deja por el camino una serie de cambios regulatorios que se diseñaron específicamente para salvarla a ella y otras inmobiliarias que han sufrido de lleno los efectos de la crisis.

El año pasado el Gobierno modificó la Ley Concursal a petición de un grupo de empresarios, entre los que se encuentra Fernando Martín, permitiendo que se beneficiaran las empresas que ya estaban en concurso.

Asimismo, la Administración ha ido renovando año tras año desde 2008 un Real Decreto que evitaba que estas empresas entraran en causa de liquidación. Concretamente la normativa les permitía no contabilizar como pérdidas el deterioro de los activos inmo- biliarios, algo vital para este tipo de empresas.

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