(Cinco Días)

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Entre 2006 y 2007 empresarios del sector inmobiliario español llevaron a cabo operaciones cuyos efectos todavía padece la economía española. Tanto aquellos empresarios como las entidades que los financiaron lamentan las decisiones de aquel entonces. Lo hicieron poco antes de que explotara la burbuja inmobiliaria española y la financiera global.
Luis Portillo abandonó Colonial a finales de 2007 dejando a la inmobiliaria con una deuda de 9.000 millones de euros. Antes había adquirido Colonial, Riofisa, y el 15% de FCC.
Joaquín Rivero, expresidente de Metrovacesa, solicitó concurso para su inmobiliaria Bami el pasado año y este año ha entrado en fase de liquidación. En 2005 lanzó una opa sobre la francesa Gecina, valorada en más de 5.000 millones.
Fernando Martín cerró la compra de Fadesa, de Manuel Jove, por 4.045 millones de euros, en 2007. Un año después el grupo entró en concurso, con 7.000 millones de pasivo, prácticamente la misma cantidad con la que ahora entra en liquidación.
La familia Sanahuja, que en 2006 inició una guerra multimillonaria contra Joaquín Rivero por el control de Metrovacesa, asistió en 2010 a la declaración de concurso de su compañía, Sacresa, con más de 2.000 millones de euros de pasivo.
Rafael Santamaría, que compró en 2006 Urbis por más de 3.000 millones, pidió concurso en 2012 para Reyal Urbis.
Nozar, de la familia Nozaleda, fue declarada en concurso en 2009, con una deuda cercana a los 2.000 millones.
El pasivo con el que solo 13 inmobiliarias españolas se han declarado en concurso en los últimos años suma casi 25.000 millones de euros, una cifra cercana a, por ejemplo, los 26.000 millones de euros que España reclama a Grecia: Martinsa Fadesa (7.000 millones), Reyal Urbis (4.302), Habitat (2.840), Sacresa (2.634), Nozar (1.563), Noriega (1.015), Tremón (1.000), Aifos (1.000), Llanera (700), Lábaro (700), Zent Inversiones (545), Bami (627) y Global Consulting (290).
Los presidentes de estos grupos, acostumbrados en los años del boom a copar portadas de diarios, a dar charlas en escuelas de negocio, han hecho mutis por el foro. Muchos de ellos encaran ahora demandas judiciales. Otros pusieron tierra de por medio, como Domingo Díaz de Mera (dicen que lo han visto haciendo negocio, del bueno, en Alemania); Luis Portillo (recluido en Sevilla); o el fundador de Astroc, Enrique Bañuelos (que se fue a Brasil y ahora vive en Londres).
En defensa de Fernando Martín hay que decir que, a pesar de haber protagonizado el mayor concurso de acreedores de la historia empresarial española, no se ha escondido. Aunque no ha vuelto a dar entrevistas, lo cierto es que no ha dejado de acudir a foros empresariales, no ha soltado nunca las riendas de Martinsa y ha tratado hasta el final de negociar una alternativa a la liquidación, seguramente desde una postura imposible de aceptar por los acreedores.
Ahora el sector inmobiliario español no tiene rostro. Ya no hay señores del ladrillo. Después de cerca de siete años de profunda crisis inmobiliaria, la industria española comienza a recuperarse, alcanzando cifras de inversión llamativas. Ahora son fondos de inversión y Socimi (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria), cuyos presidentes prácticamente nadie conoce, quienes manejan los hilos de la industria inmobiliaria española.
Nozar y Reyal Urbis, también en situación límite
Las inmobiliarias Nozar y Reyal Urbis se encuentran en la actualidad en una situación similar a la que ha vivido en los últimos días Martinsa Fadesa. Nozar, de la familia Nozaleda, con una deuda actual aproximada de 1.500 millones de euros de deuda, está pendiente de que el juez del concurso del grupo apruebe o no la propuesta de convenio presentada. Aunque cuenta con el apoyo de más del 70% de los acreedores, tanto la administración concursal como los principales bancos españoles acreedores se oponen al mismo, y solicitan la liquidación de la empresa.
Reyal Urbis ha presentado este mes propuesta de convenio de acreedores, con una deuda cercana a los 4.000 millones de euros. La compañía presidida por Rafael Santamaría pretende alcanzar un acuerdo unilateral con Hacienda y realizar una dación en pago de activos a los bancos con una quita del 80%

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